El informe emitido este mismo martes por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acredita que Jénnifer, la mujer con dos niños desahuciada de su vivienda en el barrio de Pedro Hidalgo, «se encuentra en situación de vulnerabilidad social y económica», por lo que el Consistorio ha aclarado que no comparte la decisión judicial.
Desde la entrada en vigor del decreto ley ‚Maricarmen‘ aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 6 de octubre, un informe como ese hubiera sido suficiente para suspender el desahucio de esta familia en caso de carecer de otro lugar donde vivir, si la vivienda en litigio perteneciera a un fondo de inversión.
Para caseros particulares, como sucede en el caso de Jénnifer y su familia, el decreto establece que el juez debería haber solicitado otro informe más a la administración competente sobre vivienda y servicios sociales (el Gobierno de Canarias) para conocer si tiene algún recurso disponible para ofrecer a los afectados.
Desalojo forzoso: el decreto exige, en primer lugar, una alternativa de vivienda adecuada
«En caso de que no se reciba respuesta o se informe de que no se cuenta con ellos, el tribunal suspenderá el proceso hasta que tales medidas sean adoptadas y se garantice una alternativa habitacional adecuada, resultando igualmente aplicable esta previsión cuando ya se hubiera dictado sentencia, decreto o auto poniendo fin al procedimiento o acordando el lanzamiento, siempre que este último no se hubiera ejecutado efectivamente», añade el decreto.
En ese supuesto, sería la administración competente en vivienda la que se encargaría de compensar al casero por la renta dejada de percibir, los suministros no pagados y las costas procesales.
Las Palmas: La solicitud de información del tribunal sigue sin resolverse
Es por ello que, en un mensaje remitido a EFE, la corporación de la capital grancanaria ha dicho no compartir esta decisión judicial «que deja en la calle a una familia vulnerable de nuestra ciudad», siempre, eso sí, «desde el respeto a las actuaciones de los jueces y tribunales».
El Ayuntamiento también ha referido que desconoce si desde el tribunal ha solicitado el informe de recursos disponibles para una alternativa habitacional a la administración competente en materia de vivienda, tal y como establece el artículo del llamado decreto ‚Maricarmen‘.
«Derecho al Techo» considera que el informe social se ha publicado en el momento oportuno
Para la plataforma ciudadana Derecho al Techo, que trató de ayudar a esta familia, el informe del Ayuntamiento sobre la vulnerabilidad que padecen Jénnifer y sus hijos es «contundente» y debió servir para detener el desahucio, aunque se haya entregado en el último minuto, hoy mismo, al juzgado que lo autorizaba (la Plaza número 7 del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Civil).
«El documento elaborado por la Concejalía de Bienestar Social fue presentado por registro ante el juzgado antes de la llegada de la comisión judicial. Informe contundente como pueden ver. Asimismo, el informe fue mostrado a la propia comisión judicial, que se negó a recogerlo», asegura este colectivo por la vivienda, que ha difundido a la prensa un copia de ese dictamen, sin datos personales.
A su juicio, lo ocurrido este martes con este lanzamiento «pone de manifiesto la necesidad de que las administraciones públicas y los órganos judiciales actúen con la debida coordinación, evitando que las familias en situación de vulnerabilidad queden desprotegidas ante la pérdida de su hogar».
«Ninguna familia debería enfrentarse a un desahucio sin que su situación de vulnerabilidad sea debidamente atendida y se estudien alternativas habitacionales», argumenta.
«Gran Canaria: una familia pierde su vivienda pese al informe»
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