A 24 horas de que entre en vigor el nuevo decreto ley sobre desahucios, el desalojo de ocho familias que residen en un edificio del barrio portuario de Las Palmas de Gran Canaria propiedad de la SAREB ha sido suspendido a solicitud de la propia sociedad de gestión de activos procedentes de la crisis bancaria, que está abierta a negociar un alquiler social.
Entre los inquilinos de ese inmueble de la calle Nicolás Estévanez, 8, hay menores y ancianos enfermos. Un juez había autorizado a que fueran desalojados esta misma mañana a las 10.00.
Era la tercera vez que la SAREB intentaba expulsarlos del inmueble en el último año y medio, pero la propia compañía se dirigió el martes por la tarde al Juzgado para pedir un aplazamiento y ofrecer a la plataforma ciudadana Derecho al Techo mediar en una solución.
Las Palmas: Las familias permanecerán en sus viviendas por el momento
Después de unas horas de incertidumbre, porque el escudo que ofrece el decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros no entra en vigor hasta el jueves, y con decenas de vecinos y activistas por el derecho a la vivienda concentrados en la puerta del inmueble, la comitiva judicial ha confirmado que el desahucio queda aplazado.
La noticia ha sido recibida con alivio de las familias y aplausos por parte de los activistas de la plataforma Derecho al Techo que se habían parapetado en la puerta del edificio desde las 8.00 de la mañana para intentar frenar la ejecución del desahucio.
La abogada de Derecho al Techo, Isabel Saavedra, ha explicado que la SAREB quiere abrir una negociación, con esta plataforma ciudadana como mediadora, para formalizar contratos de alquiler social para las ocho familias del edificio, algunas de las cuales cuentan con informes de vulnerabilidad, menores de edad y personas enfermas.
Saavedra ha recordado que los informes de vulnerabilidad redactados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria fueron enviados hace un año a la SAREB, que aseguró entonces que los iba a valorar para ofrecerles un contrato de alquiler social; sin embargo, volvió a presentar una solicitud de lanzamiento.
SAREB adquirió viviendas tras la quiebra del arrendador
«Lo importante es que hoy estas familias van a poder dormir en sus casas. Hay menores y personas mayores enfermas, por lo que hablamos de extrema vulnerabilidad sin ninguna alternativa habitacional. Estas viviendas habrían quedado hoy cerradas, vacías y con una puerta antiokupa», ha señalado.
La letrada ha explicado que estas familias llevan varios años viviendo en el inmueble e, incluso, pagaban un alquiler a una empresa que quebró, una bancarrota que permitió a la SAREB adquirir los pisos y comenzar los procedimientos para ejecutar el desahucio.
Los afectados desean garantizar jurídicamente sus contratos de alquiler
«Las familias siempre han querido pagar, pero no han sabido a quién porque SAREB no ha permitido ninguna posibilidad de pago», ha argumentado esta portavoz de Derecho al Techo.
A raíz de la aprobación de los dos nuevos decretos leyes sobre vivienda, la representante legal de Derecho al Techo ha afirmado que acudirán a los juzgados para frenar todos los desahucios activos hacia familias vulnerables, a las que tratarán de informar para que revisen sus contratos ante la posibilidad de pedir una prórroga.
Una de las beneficiadas por la paralización de este desahucio, Banina Mbirkate, ha subrayado que quieres «pagar un alquiler» y poner fin a la angustia de la incertidumbre: «Queremos pagar, no queremos vivir gratis, pero hasta ahora no hemos sabido a quién pagarle».
Con un niño de un año y medio a su cargo, Mbirkate ha contado que habita en este edificio desde 2020 y que tenía un acuerdo con la anterior propietaria del edificio, una inmobiliaria, para pagar el alquiler cada seis meses.
Con la quiebra de la empresa, la SAREB compró el edificio y desde noviembre de 2023 inició los trámites para desahuciar a las ocho familias, por lo que durante estos meses Mbirkate ha intentado encontrar una alternativa habitacional, pero le ha sido imposible «pese a tener contratos» como garantía.
Suspendido de nuevo el desahucio, su familia y las otras siete podrán seguir habitando en el edificio con la promesa de la SAREB de negociar contratos de alquiler social.
«Gran Canaria: la SAREB negocia los alquileres sociales»
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