El fiscal superior de Canarias, Jaime Serrano-Jover González, ha defendido este viernes una reforma legislativa que permita a los tribunales perseguir delitos graves cometidos durante las travesías migratorias fuera de aguas jurisdiccionales españolas, especialmente cuando ningún otro Estado reclame su investigación.
Durante la presentación de la memoria de la Fiscalía correspondiente a 2025 en una comisión del Parlamento de Canarias, Serrano-Jover ha advertido de las dificultades para actuar ante asesinatos y agresiones sexuales cometidos en esas circunstancias y del riesgo de que queden impunes.
El fiscal se ha referido a problemas surgidos en Lanzarote con casos de agresiones sexuales ocurridas fuera de aguas jurisdiccionales españolas y ha asegurado que el Ministerio Público ha explorado todas sus posibilidades de actuación dentro de los límites legales.
Rutas migratorias: una reforma legislativa permitirá perseguir los delitos graves
«Se ha estirado el chicle», ha señalado para describir el intento de persecución de esos delitos, pero ha precisado que la Fiscalía no puede actuar contra lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula los supuestos de atribución de jurisdicción a los tribunales españoles.
Según ha explicado, el Tribunal Supremo ha apuntado hacia la posibilidad de asumir la investigación de hechos ocurridos en aguas internacionales cuando ningún otro Estado lo reclame, pero ha considerado que esta vía exige una interpretación «muy forzada» y ha defendido que sería necesaria una modificación expresa de la norma.
Serrano-Jover ha señalado casos en los que se arroja por la borda vivas a personas que viajan en las embarcaciones, incluidos menores, y ha advertido de que pueden quedar impunes actos de «extraordinaria gravedad» y de «extraordinaria violencia».
Pacto sobre la migración: las competencias en materia de menores siguen sin estar claras
El fiscal también ha reclamado mayor coordinación entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario para atender a los menores migrantes no acompañados y ha señalado problemas competenciales pendientes de resolver en la aplicación del pacto migratorio europeo.
En particular, ha aludido a las dificultades para determinar quién debe acompañar a los menores durante los triajes y ha explicado que esas personas no deben tener conexión ni participación en otras fases del procedimiento.
«No estamos llevando a cabo la aplicación del tema en las condiciones que aparecen expresamente recogidas en el pacto migratorio que entró en vigor el 12 de junio del año 2026», ha asegurado.
El fiscal ha indicado que persisten discrepancias competenciales sobre estos triajes que podrían acabar ante los tribunales, cuando lo deseable es que ambas administraciones se pusieran de acuerdo.
Informe anual: procedimientos, sentencias y falta de datos sobre delincuencia
Sobre la memoria de 2025, ha explicado que las fiscalías canarias tramitaron 1.106 expedientes de determinación de edad, de los cuales 373 correspondieron a Las Palmas y 733 a Santa Cruz de Tenerife, además de 3.004 expedientes de tutela.
En cuanto a los delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, en Las Palmas se dictaron 26 sentencias, todas condenatorias salvo una, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se incoaron 129 diligencias previas y se formularon 14 acusaciones por modalidades agravadas de estos delitos.
Preguntado por la incidencia de la inmigración en la comisión de delitos, Serrano-Jover ha respondido que no dispone de datos y ha rechazado la utilidad de establecer una vinculación que, según ha señalado, no está demostrada y no contribuye a resolver los problemas.
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