Las vacaciones de bajo coste, las ofertas „todo incluido“ y la comida rápida han convertido las que antes eran unas tradicionales vacaciones en la playa en países lejanos en una forma de diversión de bajo presupuesto, intercambiable e independiente del público al que va dirigida. Quienes salen perjudicados son los empresarios y los hosteleros de los destinos turísticos, así como los propios turistas.
Por supuesto, no está prohibido ofrecer precios económicos y fidelizar a los turistas al hotel mediante pulseras „todo incluido“ durante su estancia. Al fin y al cabo, el „todo incluido“ está de moda, y ningún hotelero debería dejar pasar esta oportunidad.
No obstante, este tipo de ofertas tienen, en algunos casos, consecuencias de gran alcance: las zonas peatonales se quedan desiertas, los comerciantes cierran sus establecimientos y los hosteleros quiebran o se ven abocados a ofrecer productos de bajo presupuesto, convencionales e intercambiables, de una calidad acorde.
Las consecuencias de esta evolución son, además del desempleo y el descontento entre la población, así como unas instalaciones hoteleras con un equipamiento más deficiente, sobre todo una disminución de los ingresos fiscales. Una semana de „vacaciones con todo incluido“, con vuelo y servicio de traslado al hotel, ya está disponible a partir de 275 euros. Y, una vez allí, apenas se consume nada que no esté incluido en el paquete integral pagado a tanto alzado.
La consecuencia: tras deducir el IVA pagado en el país de origen por el viaje y el billete de avión, al hotelero solo le quedan unos pocos euros. En algunos casos, la facturación alcanza cifras de dos dígitos, pero el beneficio es insignificante. Por lo tanto, un turista de este tipo genera una cantidad correspondientemente escasa de los ingresos fiscales que son fundamentales para el mantenimiento de las infraestructuras de Tenerife. Hay que reconocer que este ejemplo es un caso extremo, pero desde luego no es un caso aislado.
¿Y cómo se pretende, con los siete a diez euros de dinero de los contribuyentes por turista que quedan en el ejemplo de cálculo, ampliar una red de carreteras en mal estado y mantener en buen estado la ciudad en cuestión? A largo plazo, se trata de una tarea imposible y de un cálculo simplista.
Un impuesto turístico se aplicaría precisamente en este punto: los turistas pagarían 278,50 euros en lugar de 275 euros. O, en el caso de quienes disfrutan de unas vacaciones de lujo, 1209,50 euros en lugar de 1199 euros. Una diferencia apenas perceptible que, probablemente, solo en casos extremos sería determinante a la hora de elegir otro destino.
Tenerife, por su parte, recuperaría de este modo los ingresos que tanto necesita y que, cada vez con mayor frecuencia, no llegan. El hecho de que la propuesta fuera recibida con burla el lunes en el Parlamento se debe probablemente más a la rivalidad entre partidos que a una planificación política con visión de futuro.
Es de desear, tanto para la isla como, sobre todo, para el visitante -que solo aparentemente se ve perjudicado-, que los responsables políticos reconsideren su postura. Al fin y al cabo, los ingresos adicionales anuales, que se sitúan en una cifra elevada de dos dígitos en millones, beneficiarían en última instancia tanto a los residentes como a los turistas.
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