El Gobierno de Canarias ha abonado ya 275,1 de los 316 millones de euros pactados con promotores turísticos para indemnizarlos por la moratoria turística, según ha informado este jueves en comisión parlamentaria el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, quien ha precisado que se han pagado 27 de los 36 acuerdos alcanzados.
Esas indemnizaciones tienen su origen en la Ley canaria de Medidas Urgentes de 2009, que permitió a los propietarios de determinados terrenos turísticos sin edificar por la moratoria solicitar su reclasificación como suelo rústico y una compensación por sus derechos edificatorios.
Tras los recursos de los propietarios, los tribunales obligaron al Gobierno a tramitar las solicitudes, sin fijar la cuantía de las indemnizaciones, y Nueva Canarias ha pedido a Miranda que explique por qué los promotores conservan sus derechos urbanísticos y cómo se llegó a los 316 millones pactados por el Gobierno, una cifra que, según su diputada Esther González, duplica la valoración más alta de los informes técnicos de 2020 y 2021.
Moratoria turística: Nueva Canarias exige pruebas que justifiquen los 316 millones
La diputada de Nueva Canarias ha señalado que el jefe del Servicio de Valoraciones de la consejería elaboró 36 informes en 2020 y 2021 en los que calculó las indemnizaciones según distintos criterios y ha preguntado al consejero quién decidió apartarse de esas valoraciones, qué informe respaldó esa decisión y cómo se ha llegado a que los propietarios conserven tanto los terrenos como la posibilidad de desarrollarlos.
Esther González también ha cuestionado que el Gobierno cifre el ahorro conseguido con este acuerdo en función de lo que reclamaban los promotores, que eran 652 millones de euros en indemnizaciones, a los que, según Miranda, había que sumar otros 337 millones en intereses.
«Reconocer una obligación no significa dar por buena cualquier cantidad», ha afirmado González, quien ha reclamado conocer qué riesgo valoró el Ejecutivo para cerrar el acuerdo en 316 millones de euros y por qué concluyó que esa era la opción más conveniente para el interés público.
González ha reprochado al consejero que, pese a haber solicitado la documentación completa, su grupo recibió 31 de los 36 acuerdos sin sus anexos y ha exigido conocer los informes técnicos, jurídicos y financieros que sustentan los importes pactados, porque el Gobierno tiene el deber de justificar «hasta el último euro».
El Gobierno de Canarias defiende el cálculo de los beneficios no percibidos
Miranda se ha comprometido a remitir a los grupos parlamentarios los expedientes y ha asegurado que los diputados podrán examinar en ellos las distintas opciones que se estudiaron antes de firmar los acuerdos.
El consejero ha defendido que las valoraciones las hicieron funcionarios de la comunidad autónoma y que los acuerdos contaron con el aval de los servicios jurídicos de la consejería y del Gobierno.
Según ha explicado, los técnicos calcularon las indemnizaciones aplicando el interés legal del dinero al valor de los aprovechamientos urbanísticos entre el 13 de noviembre de 2009, fecha límite para presentar las solicitudes, y el 31 de enero de 2025.
Con ese criterio buscaban compensar la «pérdida de oportunidad» de los propietarios de obtener una rentabilidad con otra inversión, sin abonarles el valor íntegro de los aprovechamientos.
Indemnizaciones: los tribunales confirman 32 de los 36 acuerdos
De los 36 acuerdos, 32 han obtenido ya la homologación judicial tras recibirse este miércoles la última resolución, ha indicado Miranda.
El primer pago, efectuado el 14 de agosto, ascendió a 261,2 millones de euros y correspondió a 25 acuerdos, y el segundo pago, el 26 de octubre, fue de 13,9 millones, en ambos casos con intereses incluidos.
De los nueve acuerdos pendientes de pago, cinco están ya homologados y cuatro siguen a la espera de la resolución judicial, ha explicado el consejero, quien ha insistido en que la homologación judicial ofrece al Gobierno una garantía de que lo pactado se ajusta a derecho y preserva el interés público.
Los litigios habrían supuesto un coste mensual de 800.000 euros
Miranda ha sostenido que, si no hubiera habido un acuerdo, la comunidad autónoma se habría enfrentado a 36 pleitos con destino judicial incierto por cifras muy superiores, con un coste añadido de unos 800.000 euros al mes que se irían acumulando mientras se resolvían.
Si se hubieran prolongado los pleitos y los tribunales hubieran fallado a favor de los promotores, las indemnizaciones y los intereses acumulados podrían haber alcanzado una cuantía «inasumible» para las arcas autonómicas, ha advertido.
Dejar esa decisión en manos de los tribunales habría supuesto para este Gobierno y los siguientes «una espada de Damocles muy difícil de gestionar» y podría haber ocasionado «una auténtica catástrofe», ha sostenido.
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