El Gobierno de Canarias destinará 21.270.623 euros hasta el año 2028 a ayudas para combatir la pobreza material. Las beneficiarias serán las familias con hijos menores de edad que vivan por debajo del umbral de pobreza extrema. Recibirán tarjetas o vales con los que podrán adquirir alimentos y artículos básicos de higiene.
Se considera que el colectivo destinatario está formado por familias cuyos ingresos por unidad de consumo sean inferiores al 48 % de la renta mediana nacional. Las subvenciones las solicitan iniciativas y organizaciones sociales que llevan a cabo proyectos contra la pobreza material. La evaluación social de una familia tiene una vigencia de doce meses y puede prorrogarse por el mismo período en cada ocasión.
Repartidos a lo largo de tres años, se han previsto 6.113.535 euros para 2026, 8.157.088 euros para 2027 y siete millones de euros para 2028. El Fondo Social Europeo Plus sufragará el 90 % de los costes. La Consejería de Asuntos Sociales de Canarias adjudicará los fondos mediante un procedimiento competitivo en el que los proyectos presentados competirán entre sí.
Islas Canarias: la ayuda contra la pobreza se canaliza a través de tarjetas y vales
Esta ayuda tiene su origen en un antiguo programa europeo destinado a personas especialmente desfavorecidas, que la UE incorporó al Fondo Social Europeo Plus. Hasta el 31 de diciembre de 2024, es decir, durante la fase de transición, la Cruz Roja Española llevó a cabo el programa mediante una subvención directa.
Desde entonces, las comunidades autónomas organizan la ayuda con arreglo a la nueva normativa de forma indirecta, a través de un sistema unificado de tarjetas y vales. En las Islas Canarias, la Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración se encarga de la convocatoria y también decide sobre las subvenciones.
Las organizaciones pueden presentar sus solicitudes a través de la sede administrativa electrónica en un plazo de 15 días laborables; el plazo finaliza el 11 de diciembre de 2026. Las condiciones figuran en el Boletín Oficial de Canarias. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración dispone de un máximo de seis meses para tomar una decisión y notificarla a los solicitantes.








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