Quienes impartan clases en un centro de enseñanza pública de las Islas Canarias y sufran agresiones en el ejercicio de su profesión recibirán, en adelante, asistencia psicológica y jurídica gratuita. La ley para reforzar la autoridad del profesorado entrará en vigor este viernes. Las personas afectadas tendrán derecho a recibir asistencia inmediata en caso de agresiones, amenazas, coacción, acoso y ciberacoso, siempre que el incidente esté relacionado con su labor en el centro educativo.
El Parlamento de Canarias ha aprobado el marco normativo para todos los centros educativos no universitarios financiados con fondos públicos. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, firmó la ley el 30 de octubre; el texto se recoge en el Boletín Oficial de Canarias. El legislador justifica esta medida alegando que la sociedad reconoce cada vez menos la autoridad del profesorado, lo que afecta negativamente al ambiente en los centros educativos.
Sin embargo, esta protección no es del todo nueva, ya que la Ley de Educación de Canarias de 2014 ya garantizaba a los docentes de los centros públicos protección, así como asistencia psicológica y jurídica. Ahora se regula su autoridad de forma más sistemática y se les pretende otorgar mayor seguridad jurídica. El Ministerio de Educación del Gobierno de Canarias se encargará de aplicar todo ello, para lo cual deberá crear un servicio de atención específico.
Canarias: el Ministerio de Educación pone en marcha un centro de apoyo para el profesorado
En todos los conflictos que surjan en el centro educativo, la nueva unidad administrativa deberá asesorar y proteger al personal docente, lo que incluye las actividades complementarias y extraescolares. El Ministerio deberá, además, elaborar protocolos de protección y reducir la carga burocrática en el día a día del centro educativo. El Gobierno y el Ministerio de Educación podrán promulgar todas las demás normas necesarias para la aplicación de la ley.
No todos los centros educativos están sujetos a la normativa en la misma medida. Los centros privados que no reciben financiación pública siguen determinando por sí mismos sus procedimientos internos y sus normas de conducta. En los centros privados subvencionados por el Estado, la autoridad del profesorado solo rige en la medida en que garantice la misión educativa pública, y la ley no prevé en ese caso el derecho a asistencia jurídica y psicológica ni la cobertura de la responsabilidad civil.
En cambio, la protección se amplía al personal administrativo y de servicios del Ministerio de Educación que trabaja en los centros educativos públicos. En caso de que se produzcan incidentes en el ámbito laboral, a estos empleados se les aplicarán las mismas normas en materia de asistencia jurídica, apoyo psicológico, protección e indemnización por daños y perjuicios.
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