Demandas de desahucio: el plan de las Islas Canarias para proteger a los inquilinos

El caso de Maricarmen Abascal está en boca de todos en toda España. Esta mujer de 87 años fue desalojada el pasado miércoles de su vivienda en Madrid, en la que vivía de alquiler desde 1956. Solo gracias a un acuerdo con la comunidad de propietarios pudo regresar. Previamente se habían producido disturbios en toda la ciudad que causaron revuelo en todo el país. Los contratos de alquiler también han sido motivo de disputas el año pasado en las Islas Canarias. Ocho de cada diez desahucios en las Canarias se debieron recientemente a casos similares.

De los 1.426 desahucios que los tribunales de las islas ejecutaron el año pasado, 1.129 se debieron a procedimientos en materia de arrendamiento. Esto supuso el 79,2 % y más de tres casos al día. El resto de los desahucios correspondió a 224 ejecuciones hipotecarias y a 73 motivos de otra índole.

El Consejo Superior de la Magistratura (CGPJ) contabiliza un desalojo por cada inmueble cuando un tribunal ordena la apertura forzosa de una vivienda. En total, la cifra se redujo con respecto a 2024, año en el que los tribunales ejecutaron 1.732 desalojos. Sin embargo, la proporción de casos relacionados con el alquiler aumentó en el mismo periodo del 75,2 % en 2024 al 79,2 %. Y, al igual que en Madrid, detrás de los casos actuales se esconden, en algunos casos, duras historias personales:

Tenerife: una persona gravemente enferma se libra, por el momento, de un tercer intento de desahucio

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los tribunales ejecutaron 570 desahucios, entre ellos 439 relacionados con contratos de alquiler y 103 con hipotecas. En el año en curso, el descenso no se ha mantenido, al menos por el momento. En el primer trimestre se produjeron 56 desahucios por alquiler en la provincia. Esta cifra se correspondió con la de los últimos tres meses del año 2025.

Detrás de estas cifras se esconden casos similares al de Maricarmen Abascal: en Granadilla de Abona vive una mujer de 54 años con cáncer en fase terminal. El desahucio de su vivienda estaba previsto para el pasado viernes. Ya era el tercer intento de desahucio. Sin embargo, tras la intervención del Ayuntamiento y del Instituto Canario de la Vivienda, las autoridades suspendieron provisionalmente la fecha.

Según datos del sindicato de inquilinos de Tenerife, la afectada no pudo encontrar una vivienda alternativa. El motivo: al padecer una enfermedad grave, no pudo presentar ni nómina ni contrato de trabajo. Más de 200 vecinos y amigos se concentraron el jueves ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife para protestar por este caso. Los organizadores consideraron que la intervención había supuesto un éxito provisional. Además, anunciaron nuevas protestas en caso de que se volviera a fijar la fecha del desahucio.

España aprueba dos decretos contra los desahucios

Mientras tanto, la clase política española también ha reaccionado: el Consejo de Ministros aprobó el martes dos decretos de vivienda que amplían la protección frente a los desahucios hasta 2030 y prorrogan por dos años los contratos de alquiler vigentes que expiren antes de finales de 2028. Ambos decretos regulan además el alquiler de temporada y por habitaciones, y prohíben hasta 2028 la compra de viviendas por parte de los denominados «fondos buitre». Se trata de fondos de inversión o de cobertura que adquieren a bajo precio inmuebles de deudores al borde de la quiebra para, posteriormente -si es necesario, incluso por vía judicial-, reclamar el valor nominal íntegro. Además, España ha introducido una prórroga automática de los contratos, teniendo en cuenta el caso de Maricarmen Abascal. Las organizaciones de inquilinos llevan mucho tiempo reclamando esta medida.

Sin embargo, también surgieron críticas a esta medida. Por ejemplo, el Sindicato de Inquilinas ha mostrado su descontento por la «fragmentación» en dos textos legislativos y ha anunciado manifestaciones a nivel nacional para los días 3 y 4 de octubre. Mientras tanto, el Gobierno ha solicitado a la Cámara de Diputados que celebre una sesión plenaria extraordinaria el viernes. En ella se prevé que se aprueben ambos decretos. Sin dicha aprobación, quedarían sin efecto.

La prórroga y la renovación automática protegen sobre todo a aquellas personas cuyo contrato de alquiler está a punto de vencer. Según datos del Consejo Superior de la Magistratura, los desahucios registrados se deben, en su mayoría, a impagos. El coste de la vida ha aumentado considerablemente últimamente en España, al igual que en muchos otros países de la UE.

Las Islas Canarias quieren ayudar a los inquilinos en dificultades

En Canarias, estos casos se tramitan a través del programa «Canarias ProHogar» del Instituto Canario de la Vivienda. El año pasado se recibieron allí 671 solicitudes, 320 de ellas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Así lo comunicó, a petición de esta publicación, la Consejería responsable, entre otras cosas, de la construcción de viviendas.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, afirmó, en referencia al caso ocurrido en Madrid la semana pasada, que el sistema había fallado. El político exigió al Estado un marco jurídico para la protección de las personas que se encuentran en situaciones similares. Las Islas Canarias, por sí solas, no están en condiciones de frenar los desahucios.

Hasta la fecha no se han definido en las islas zonas con un mercado inmobiliario tensionado, aunque la ley ofrece esa posibilidad.

95.000 pequeños arrendadores en las Islas Canarias

Las islas cuentan con unos 95.000 pequeños propietarios inscritos en su registro de viviendas, que alquilan un inmueble como residencia principal a particulares o familias. Así se desprende de las últimas estadísticas de la Agencia Tributaria sobre las declaraciones del Impuesto sobre la Renta. El Banco de España cifra la participación de los particulares en el mercado del alquiler de viviendas en torno al 90 %. Sin embargo, según estos datos, solo unas pocas excepciones poseen varios inmuebles: casi el 99 % de los arrendadores particulares posee menos de seis viviendas, y el 76 % solo una vivienda en alquiler. En la mayoría de los casos, esta vivienda ha sido heredada o adquirida como plan de jubilación.

La Oficina del Catastro contabiliza en las Islas Canarias 991.301 inmuebles residenciales. De ellos, tan solo 74.632 están a nombre de particulares. Por otro lado, hay empresas que poseen docenas de inmuebles. El 24 % de ellas posee más de 100 inmuebles. En las Islas Canarias, 87 empresas sujetas a impuestos poseen un total de 37.067 viviendas, lo que supone una media de 426 viviendas por propietario.

En este sentido, destaca especialmente Tías en Lanzarote: solo algo menos de 3.900 de las aproximadamente 14.300 viviendas del municipio pertenecen a personas jurídicas privadas, lo que supone un 27,3 %. Le siguen La Oliva, con un 18,3 %; Yaiza, con un 16,8 %; Mogán, con un 16,3 %; y Arona, con un 15,2 %.

La identidad de los grandes propietarios sigue siendo, en su mayor parte, desconocida. Hace un año, el PSOE presentó en el Parlamento de Canarias una propuesta de ley destinada a crear un registro de personas físicas y jurídicas con un gran número de inmuebles. Sin embargo, los partidos del Gobierno rechazaron la propuesta por mayoría.