Problemas con las aguas residuales en Tenerife: inversiones millonarias y políticos ante los tribunales

La Administración Insular de Tenerife destina más de 70 millones de euros a la ampliación de la red de alcantarillado. El motivo son los continuos problemas de vertidos de aguas residuales en diversas playas de la isla más grande de Canarias. Más de la mitad de estos fondos procede de los planes de cooperación municipal, que se extienden hasta el año 2031. Cada año se vierten al mar y al subsuelo de Tenerife más de 62,5 millones de metros cúbicos de aguas residuales parcialmente depuradas o sin depurar.

Las deficiencias históricas en materia de alcantarillado en Tenerife quedaron especialmente patentes en la Playa Jardín. La playa más popular del norte de Tenerife permaneció cerrada durante casi un año. Los constantes problemas en la calidad del agua dieron lugar a una investigación que reveló que decenas de viviendas cercanas a la playa nunca se habían conectado a la red pública de alcantarillado.

Este problema se da en varios puntos de Tenerife. Por ello, la administración insular asumió la responsabilidad. Justificó su intervención alegando las omisiones de los ayuntamientos, que, aunque eran los competentes en la materia, no tomaron medidas. Y así, ahora también los políticos municipales deben responder ante los tribunales:

Tenerife: 70 millones de euros contra el vertido de aguas residuales al mar

«Las obras subterráneas no se ven, no aportan votos y, además, causan molestias», afirmó Juan Rumeu, presidente de los asesores medioambientales de Tenerife. Por ello, nunca se abordó el tema de forma sistemática. Junto con las elevadas cifras de turistas, los problemas de vertidos se hicieron cada vez más evidentes: una asociación de intereses turísticos de Canarias había contabilizado en 2024 unos 22 millones de visitantes en las Islas Canarias, en lugar de los 18 millones oficiales y había visto en ello una de las causas de los elevados niveles de vertidos en el mar.

Entre 2019 y 2023, el Gobierno de Canarias pagó 8,2 millones de euros en multas impuestas por la Unión Europea por incumplimientos en materia de depuración de aguas residuales. La consejera de Medio Ambiente de Tenerife, Blanca Pérez, prevé que se impongan nuevas sanciones mientras no se encuentren soluciones de fondo.

Cuatro cargos municipales, ante los tribunales por vertidos en el Valle de Güímar

Ahora, todo esto también se abordará por la vía judicial. A partir de febrero, las alcaldesas María Concepción Brito, de La Candelaria, y Carmen Luisa Castro, de Güímar, así como los antiguos alcaldes José Gumersindo García, de La Candelaria, y José Juan Lemes, de Arafo, deberán responder ante los tribunales. Entre otros aspectos, se tratarán los delitos medioambientales: aguas residuales sin depurar se vertieron al mar desde el Polígono Industrial del Valle de Güímar. Ahora, el tribunal deberá aclarar si las alcaldesas tenían conocimiento de ello y si deberían haber intervenido.

Además, la justicia está investigando a la ministra Pérez, al exalcalde de Puerto de la Cruz, Marco González, y a Javier Davara, director general de la Autoridad Insular del Agua, por presuntos delitos medioambientales.

La depuradora comarcal del Valle de Güímar costó 14 millones de euros y entró en funcionamiento el año pasado tras el incidente ocurrido en el polígono industrial. Dos nuevas grandes instalaciones en Granadilla de Abona y Guía de Isora han dotado a Tenerife este año de la mayor capacidad de depuración de su historia. Si en 2019 la cifra máxima fue de 25 millones de metros cúbicos -lo que representaba el 40 % del volumen anual-, este año la cifra ha superado los 35 millones de metros cúbicos, lo que supone más de la mitad. Las administraciones están construyendo actualmente, con un coste de 230 millones de euros, la planta de Montaña Reverón en Arona y ampliando la planta de Buenos Aires en Santa Cruz.

Tenerife: solo 59 de los 180 puntos de vertido al mar cuentan con autorización

El último recuento registró 180 puntos de vertido al mar. Por lo tanto, dos de cada tres vertidos de aguas residuales se realizan sin la autorización prescrita. Por ello, el Sr. Rumeu considera que los 70 millones de euros previstos son insuficientes. El experto se remitió a un informe de la administración insular de la anterior legislatura, que cifraba las necesidades de inversión en las redes de alcantarillado en más de 500 millones de euros. En su opinión, en algunos municipios más de la mitad de las viviendas siguen sin estar correctamente conectadas a las redes de alcantarillado.

La Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, permaneció cerrada a los bañistas durante casi un año. El motivo fueron los elevados niveles de bacterias de origen fecal. El caso acaparó los titulares internacionales y, finalmente, también suscitó una toma de conciencia política sobre los persistentes problemas relacionados con las aguas residuales en Tenerife.

En agosto se volvió a prohibir el baño durante dos días en la gran playa de Puerto de la Cruz. Además, los vecinos denuncian un mal olor persistente cerca de la Playa Jardín. En la localidad vecina de Los Realejos, situada justo al lado, se sigue utilizando una depuradora comarcal que lleva años obsoleta. La rotura de la tubería de desagüe provoca que las aguas residuales contaminadas lleguen cerca de la playa, en lugar de, como estaba previsto, a poco menos de un kilómetro de la costa.

En 2024, el año del prolongado cierre, 125 de las 450 viviendas de Punta Brava carecían de conexión a la red de alcantarillado de Puerto de la Cruz. Por lo tanto, las aguas residuales de estos edificios se vertían al mar sin tratar. Según ha informado el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, se está trabajando en una solución. Mientras tanto, las obras en la tubería siguen pendientes.