La postura contraria de las Islas Canarias respecto a un impuesto turístico es una locura estratégica. Cada isla está empezando a introducir sus propios gravámenes. En el Teide, en el Roque Nublo o en el barranco de Masca ya existen los primeros „impuestos ecológicos“, como se denomina allí esta tasa. Incluso el primer municipio ya intentó actuar por su cuenta. Resulta incomprensible que, en lugar de ello, no se recaude una tasa a tanto alzado.
Los detractores del impuesto turístico esgrimen, fundamentalmente, dos argumentos: el aumento de los costes para los turistas y la carga administrativa. Ninguno de estos argumentos es válido. Y es que unas vacaciones en Canarias se han encarecido drásticamente en los últimos cinco años y un euro por isla ya no supone ni mucho menos una cantidad significativa en ese contexto. Por lo tanto, en la actualidad se benefician exclusivamente las grandes empresas, mientras que la población se queda con las manos vacías.
Y la Administración ya tiene que trabajar el doble o el triple cuando los impuestos se recaudan de forma descentralizada, en lugar de crear un organismo centralizado antes incluso de la entrada en el territorio. Todo esto podría resolverse. Sin embargo, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sigue dando vueltas al asunto.
Una tasa turística para las Islas Canarias sería lo adecuado
En alemán contemporáneo se denomina „Whataboutism“ a la práctica de eludir una acusación o un argumento haciendo referencia a otra cuestión. Clavijo lleva haciendo precisamente eso desde que asumió el cargo.
En esta ocasión, el presidente se refirió a „otras medidas que serían mucho más sensatas y que permitirían distribuir los ingresos de forma más equitativa“. Aunque Clavijo lo sugiera, el impuesto turístico no sería en absoluto un obstáculo para ello. Al contrario: de este modo, podría incluso garantizar en parte la financiación de las mejoras que él mismo reclama en los ámbitos de la sanidad, la educación o los servicios sociales.
Además, „las medidas que parecían imposibles“, como los descuentos en el combustible, resultarían útiles. Esto también debe financiarse de alguna manera. ¿Por qué no, pues, mediante un impuesto turístico, que cada vez reclaman más turistas, siempre y cuando, a cambio, no se instalen taquillas en otros lugares emblemáticos?
El año pasado llegaron 18 millones de turistas a las Islas Canarias. Los expertos del sector han calculado recientemente que la cifra debería ser incluso mayor. Si cada uno de estos turistas contabilizados oficialmente gastara una media de tres euros, se alcanzarían los 54 millones de euros. A cinco euros por persona y estancia, la cifra ascendería incluso a 90 millones.
Maniobras retóricas de distracción en las Islas Canarias
Si, a cambio, se redujeran las tasas de entrada descentralizadas y se delegara el cobro de los fondos a las empresas turísticas proveedoras, el aparato administrativo necesario podría mantenerse ágil y, de este modo, las primeras ganancias comenzarían a llegar en muy poco tiempo.
Más importante aún que eso es, de hecho, el mensaje que se transmite -tanto a nivel interno como externo-: se dejaría claro a una población en parte muy insatisfecha y cada vez más crítica que los responsables políticos se toman en serio a las Islas Canarias y que, en el futuro, no solo los ciudadanos, sino todas las personas que dejen su huella en ellas, participarán en los costes que se generen. Y a los visitantes se les dejaría claro que las islas tienen un valor. En el camino que se exige, alejándose del turismo de bajo coste y avanzando hacia un turismo sostenible y de alta calidad, esto no supone una contradicción, sino una parte lógica del proceso.
No obstante, los responsables políticos de Canarias siguen sin atreverse a plantearse un impuesto global. Clavijo podría esgrimir argumentos sólidos, pero prefiere recurrir a la siguiente cortina de humo retórica. Se trata de un grave error táctico.
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