La asociación hotelera de las Islas Canarias, Ashotel, acusa a su propio Gobierno de „doble moral“ en relación con su nueva ley de alojamientos turísticos. Los políticos se felicitan por la nueva restricción. Se da a entender que la vivienda será ahora más barata. Sin embargo, el decreto no sirve en absoluto para eso. La nueva ley de alquileres no tiene, en un primer momento, nada que ver con una vivienda más asequible.
Como consecuencia de la etapa pospandémica, la demanda de vivienda en las Islas Canarias ha aumentado de forma exponencial. Debido a las nuevas normas sobre teletrabajo, cada vez más personas han trasladado temporalmente su lugar de residencia a lugares cálidos y agradables. Según se dice, esto ha llevado a que los propietarios ofrezcan cada vez más sus alojamientos para el alquiler turístico. Sin embargo, esta visión se queda corta.
Una de las principales causas de las tasas de inflación es, más bien, la ley española de control de alquileres: a raíz de ella, cada vez más propietarios se dieron cuenta de que no existía un límite máximo de alquiler para las viviendas turísticas. Sin pensárselo dos veces, cambiaron el uso de sus inmuebles. Los responsables políticos tardaron dos años en aprobar una ley para contrarrestar esta situación. Mientras tanto, se reclasificaron a toda prisa más viviendas y, en la nueva ley, se mantienen todas las licencias ya concedidas.
Este error táctico de los responsables políticos ha provocado que, en las Islas Canarias, se haya perdido de forma notable vivienda tradicional en los últimos dos años. En cuanto a las viviendas restantes en alquiler mensual, la interacción entre la oferta y la demanda se encargó del resto.
El Gobierno de Canarias envía una señal errónea a los residentes
La nueva ley pretende transmitir a los residentes de Canarias que el Gobierno se compromete con la vivienda asequible. Sin embargo, en la práctica, se limita a restringir -con mucho retraso- un nuevo cambio de uso del suelo y prohíbe a la mayoría de los municipios autorizar nuevas construcciones destinadas directamente a fines turísticos.
La política recurre a un truco de prestidigitador muy habitual. En lugar de reconocer el fallo, se hace referencia a algo que sugiere una mejora. Sin embargo, en realidad lo único que se consigue es evitar que, a partir de ahora, la situación siga empeorando al mismo ritmo.
De hecho, la nueva ley no garantiza automáticamente una mayor oferta de viviendas asequibles, ya que se limita a frenar la evolución de los precios registrada hasta ahora. Por el contrario, solo existe una vía que garantice a largo plazo una mayor oferta de viviendas asequibles: la construcción de viviendas sociales. Y los responsables políticos son conscientes de ello desde hace décadas, mucho antes de que la situación alcanzara dimensiones precarias.
Tenerife: 35 viviendas asequibles en 14 años
Arona en Tenerife es un ejemplo perfecto de estas omisiones. Allí, los residentes locales necesitan viviendas asequibles para poder alojarse cerca de sus lugares de trabajo en una zona predominantemente turística. Un proyecto de construcción de 35 viviendas sociales ha tardado 14 años en completarse. Y, hasta la fecha, nadie se ha mudado a ellas.
„Este es otro ejemplo de la situación en Arona: las cosas no van bien, hay mucho por hacer, porque hay mucho terreno bloqueado“, afirma Javier Baute, responsable de este asunto en el Ayuntamiento. El municipio cuenta con uno de los terrenos urbanizables más extensos de España. Allí se prevén principalmente viviendas de lujo, mientras que los vecinos esperan viviendas asequibles. El proyecto lleva estancado casi 30 años.
Mientras tanto, las viviendas sociales previstas en 2002 siguen vacías. En lugar de ofrecer al menos a algunas familias la posibilidad de vivir a un precio asequible cerca de su lugar de trabajo, el Ayuntamiento gasta cada mes 6.000 euros en servicios de seguridad privados que se encargan de que las viviendas sociales desocupadas no sean ocupadas por okupas.
Quien sueñe con una vivienda asequible para el gran público debería haberse dado cuenta, a más tardar, con el estruendo de los corchos de champán que se dispararon en el Parlamento con motivo del nuevo decreto sobre alquileres. Y es que, mientras los responsables políticos de las Islas Canarias celebran la nueva ley, el alquiler para sus habitantes no se abaratará ni un euro.
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